En dos operativos realizados en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, autoridades estatales y federales rescataron a 33 mujeres —mexicanas y extranjeras— víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. A pesar de la gravedad del caso, no se reportaron personas detenidas, y la información oficial sigue centrada en la operación, sin detalles sobre la atención ni el seguimiento a las víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los cateos se llevaron a cabo en dos bares ubicados en la Supermanzana 100. En ambos casos, las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales, realizar bailes privados y convivencias pagadas con los clientes, bajo esquemas de explotación y control económico.
Aunque la mayoría de las mujeres rescatadas son mexicanas, también se identificó a víctimas originarias de Venezuela, Argentina, Colombia y Honduras. Esta diversidad de nacionalidades refleja cómo las redes de trata operan aprovechándose de la vulnerabilidad, especialmente entre mujeres migrantes y en contextos de pobreza o violencia.
Ambos inmuebles quedaron asegurados por las autoridades, pero los testimonios de las mujeres apenas empiezan a ser recabados. No hay claridad sobre el acceso a servicios médicos, apoyo psicológico o medidas de protección, elementos fundamentales para garantizar una atención con enfoque de derechos humanos.
En México, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo una de las formas más normalizadas e invisibilizadas de violencia de género. De acuerdo con organizaciones civiles, las víctimas suelen ser reclutadas bajo engaños, promesas laborales o coerción emocional. Muchas de ellas terminan atrapadas en circuitos de explotación regidos por complicidades institucionales y corrupción.
Los bares y centros nocturnos, como los intervenidos en este caso, no son hechos aislados: forman parte de un sistema más amplio donde la impunidad permite que estos delitos sigan operando a plena vista.
Una vez más, los reflectores se enfocan en los operativos, pero no en las historias de vida ni en el derecho a la reparación de quienes fueron explotadas. La falta de detenciones, sumada a la omisión de las condiciones de atención posterior al rescate, enciende alarmas sobre la efectividad real de las acciones institucionales.
Urge una respuesta integral: investigaciones a fondo, sanciones a los responsables y, sobre todo, garantías de justicia, reparación y no repetición para las mujeres víctimas de trata.