La Ley Sabina es una reforma legislativa en México que busca sancionar y prevenir el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias. La impulsó la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruiz en 2021, tras enfrentar la falta de apoyo económico para su hija, Sabina, por parte de su expareja.
Lo que comenzó como una protesta local en Oaxaca, con tendederos que exhibían a deudores alimentarios, se convirtió en un movimiento nacional de madres que denunciaban la violencia económica y la ausencia de respaldo institucional.
El 22 de marzo de 2023, el Senado aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que crearon el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Este sistema concentra la información de deudores alimentarios y tiene como propósito garantizar el cumplimiento de las pensiones.
A partir de esta ley, se requiere un certificado de no adeudo para realizar trámites como solicitar pasaporte, contraer matrimonio, obtener licencias o participar en elecciones.
Aunque la Ley Sabina ya es constitucional, su implementación ha sido desigual. En 2024, Diana Luz Vázquez denunció que San Luis Potosí fue uno de los estados más renuentes, pese a que casi el 30% de sus hogares se sostienen sin el padre. Además, el registro aún no es público, lo cual limita su eficacia.
Otro reto ha sido la resistencia legal de deudores, quienes alegan violaciones a sus derechos. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado constitucionales estas medidas, señalando que los derechos de la infancia están por encima de los de los deudores.
Pese al marco legal vigente, el sitio oficial del Registro indica que solo 27 entidades federativas han integrado datos. Estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas o Baja California aún no aparecen en el sistema.