Reintegrarse a la sociedad después de haber estado en prisión no es sencillo. El estigma social y la falta de oportunidades laborales suelen convertirse en obstáculos que dificultan este proceso y, en muchos casos, incrementan el riesgo de reincidencia.
Para las mujeres, este reto es aún mayor. A las brechas estructurales de género en el ámbito laboral se suma el hecho de que muchas de ellas también son madres y, al salir de los centros penitenciarios, deben hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos sin redes de apoyo suficientes.
Consciente de este panorama, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México impulsa una iniciativa que busca ofrecer incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres que hayan estado privadas de su libertad. El objetivo es facilitar su incorporación al mercado laboral formal, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a la cohesión social.
La propuesta parte de una realidad contundente: el Estado de México es la entidad con mayor número de mujeres privadas de la libertad en el país, con 2 mil 129 internas, según datos de 2024.
Al incorporar una perspectiva de género, la iniciativa reconoce que muchas de estas mujeres eran jefas de familia antes de su detención. Su reintegración exitosa no solo representa un acto de justicia social, sino que también impacta directamente en el bienestar de sus hijas e hijos.
“El PVEM reafirma su compromiso con un Estado de México más justo, seguro e incluyente. Esta propuesta busca garantizar el derecho a la reinserción social, combatir la discriminación y promover el desarrollo económico bajo principios de igualdad y respeto a los derechos humanos”, expresó el Grupo Parlamentario.