A pesar de los avances legales y del reconocimiento institucional de los derechos de las personas LGBTIQA+, las violencias estructurales y los crímenes de odio persisten, especialmente contra mujeres trans.
En pleno mes del Orgullo LGBTIQA+, es fundamental recordar que la visibilidad no basta. Si bien en los últimos años México ha dado pasos importantes en el reconocimiento legal de los derechos de la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario en todo el país desde 2022, la violencia, la discriminación y la impunidad siguen siendo el día a día para miles de personas, particularmente para las mujeres trans.
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones contra personas de la diversidad sexual y de género han sido documentados en el país entre 2014 y lo que va de 2025. La mayoría de las víctimas son mujeres trans, quienes enfrentan una violencia múltiple: por su identidad de género, por su expresión, por su condición de género no normativo y, muchas veces, por su exclusión social.
Las cifras no solo duelen: revelan la urgencia. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) de 2021 muestra que a las mujeres trans se les niega el empleo cuatro veces más que a las mujeres cisgénero (18.8 % frente a 4.3 %). Además, más de la mitad no logró terminar la preparatoria, de acuerdo con la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans.
Esta exclusión se traduce también en desigualdad en el acceso a servicios de salud, protección social y espacios seguros. Así lo ha señalado el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, al advertir que la discriminación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el ejercicio pleno de derechos de la comunidad LGBTIQA+.
A pesar de que se han promovido reformas legislativas para penalizar los llamados "ECOSIG" o terapias de conversión y se han abierto espacios en el Congreso para visibilizar las demandas del colectivo, los códigos penales estatales aún no tipifican con claridad los crímenes de odio motivados por orientación sexual o identidad de género.
Como explica le doctore César Torres Cruz, secretarix académicx del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, el principal reto sigue siendo el estigma y la falta de voluntad para combatir el machismo estructural y la heteronorma. “La educación con enfoque de género y diversidad es clave para que en México existan condiciones reales de justicia e igualdad”, afirmó en foros recientes.
De acuerdo con el INEGI, más de 5 millones de personas en México se identifican como LGBTIQ+, lo que representa al menos una de cada 20 personas mayores de 15 años. Sin embargo, México es el segundo país en América Latina con más crímenes de odio registrados contra esta población.
Este junio, más allá de los colores, las marchas y la celebración, es necesario recordar a quienes ya no están y exigir un país donde los derechos no solo estén en papel, sino también en las calles, los trabajos, los consultorios, las aulas y los juzgados.