La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que la estrategia anunciada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, para atender el problema de las viviendas abandonadas no implica legalizar invasiones ni afectar la propiedad privada.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones hechas el lunes por Romero Oropeza, que generaron polémica al sugerir posibles mecanismos de regularización para viviendas ocupadas.
“Que no haya malas interpretaciones. No se trata de quitarle una vivienda a quien legítimamente le pertenece. La propiedad privada está resguardada, así como los créditos de las y los trabajadores”, sostuvo la mandataria federal.
Sheinbaum explicó que durante años el Infonavit construyó viviendas en zonas periféricas, sin servicios ni transporte, lo que llevó a muchas personas a abandonarlas. En varios casos, los trabajadores fueron víctimas de fraude y terminaron sin poder habitar las casas que adquirieron con créditos legítimos.
“Primero hay que resolver el problema de la deuda, de los fraudes cometidos por algunos despachos, y ver qué hacer con estas viviendas”, dijo. Se estima que hay cerca de 800 mil viviendas construidas, muchas de las cuales están deshabitadas o en situación irregular.
La presidenta subrayó que no habrá desalojos arbitrarios. En todo caso, cualquier situación deberá ser determinada por un juez, y será entonces cuando la autoridad proceda conforme a derecho.
La estrategia actual, precisó, busca clarificar la situación jurídica de estas viviendas y evitar que sigan en el abandono o en la ilegalidad, en el marco de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Además, se está realizando un censo para conocer el estado real de cada propiedad y estudiar las posibles opciones para su uso o recuperación. La mandataria también señaló que el país ha gastado miles de millones de pesos en intentos fallidos por recuperar viviendas abandonadas que nunca fueron habitadas.
“El objetivo es que estas casas no se pierdan, pero tampoco se puede actuar fuera del marco legal. Hay que resolver los problemas estructurales: servicios, movilidad y ordenamiento urbano”, concluyó.