La publicación de un listado oficial con casos de niñas embarazadas en México, algunas de tan solo 10 años, ha encendido la indignación pública y renovado el debate sobre la despenalización del aborto y la protección de las infancias. La presidenta Claudia Sheinbaum y la exministra Olga Sánchez Cordero han llamado a investigar posibles delitos.
Hace unos días, un documento de la Secretaría de Salud se hizo viral al exponer los 30 nacimientos registrados en México durante 2024 con las madres más jóvenes del país. La información reveló que niñas de apenas 10 y 11 años aparecen en el registro como madres, mientras que en la mayoría de los casos los padres son adultos con más de 30 años de diferencia respecto a ellas.
La difusión de estos datos encendió la indignación en redes sociales y en sectores feministas, ya que evidencian una realidad de abuso, desprotección institucional y falta de acceso a derechos reproductivos. La exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que estos casos requieren atención urgente:
“La interrupción legal del embarazo debería estar regulada en todos los códigos penales del país, y proceder aún sin el acompañamiento de los padres cuando se trate de una niña o adolescente”.
Sánchez Cordero subrayó que no se trata de excepciones, sino de una crisis estructural: niñas embarazadas por adultos en contextos donde el sistema de justicia no actúa, y donde la falta de acceso al aborto legal perpetúa violencias.
Este jueves 3 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia matutina. A pregunta expresa sobre los casos, respondió:
“Lo que no es posible es que haya casamientos con menores de edad, eso sí es delito. […] La ley protege a los menores de edad siempre […] Claro que se tiene que investigar, pueden ser casos de delitos penales”.
Aunque su declaración fue breve, dejó claro que su gobierno reconoce que los embarazos de niñas menores implican posibles delitos que deben ser perseguidos. No se trata de uniones voluntarias, sino de situaciones que requieren actuación urgente del Estado.
En México, 18 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, ya sea por vía legislativa o judicial. Sin embargo, más de la mitad del país sigue sin reconocerlo a nivel local, lo que deja a miles de niñas y adolescentes sin acceso real a una interrupción legal del embarazo, especialmente en contextos de abuso sexual o violencia.
Además, aunque la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto en 2021 y reafirmó en 2023 que los servicios de salud deben garantizar el procedimiento, en la práctica aún hay muchas barreras legales, culturales y administrativas que impiden a las menores acceder a este derecho.
El embarazo infantil no es un fenómeno natural ni un problema de salud pública: es violencia sexual y una falla profunda del Estado. Las niñas no son madres. No basta con indignarse: se necesita justicia, protección real y acceso garantizado a derechos sexuales y reproductivos.