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“Ya está en la ley”: Sheinbaum sobre denuncias por embarazo infantil

Escrito por Staff Capital Mujer | Jul 4, 2025 4:08:29 PM

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en México existen normas claras que obligan a las instituciones de salud a denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso en que una menor de edad llegue a dar a luz, especialmente si el padre del bebé es mayor de edad.

En respuesta a cuestionamientos sobre los datos recientes difundidos por la Secretaría de Salud, que revelan nacimientos registrados en 2024 de niñas y adolescentes menores de edad cuyos padres son adultos, la mandataria subrayó que no es una decisión presidencial, sino una obligación legal ya establecida.

“Cuando una niña o adolescente menor de 18 años llega a un hospital a dar a luz, el personal de salud debe reportar el caso al Ministerio Público. Ya está legislado, ya existe una norma que lo establece”, afirmó.

Sheinbaum explicó que desde 2005 existe una norma oficial que indica que los servicios de salud deben seguir un protocolo de actuación, el cual contempla la denuncia de posibles delitos sexuales. Además, recordó que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, lo que refuerza la protección legal para niñas y adolescentes.

“Lo que está en la ley es que la autoridad sanitaria debe reportar al Ministerio Público. No es un asunto discrecional”, recalcó.

La presidenta mencionó que, cuando se registra el nacimiento de un bebé cuya madre es menor de edad, debe también documentarse la edad del padre y, en caso de que este sea adulto, iniciarse de inmediato una investigación por presunto delito sexual.

Finalmente, dijo que los casos registrados en la mencionada lista están siendo revisados, por lo que no se pronunciará aún sobre situaciones particulares. Sin embargo, reiteró que el artículo 226 del Código Penal Federal establece como delito las relaciones sexuales con menores de edad, incluso si hay “consentimiento”, por tratarse de personas en situación de vulnerabilidad legal.