En México, la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una actividad de alto riesgo, especialmente para las mujeres. Así lo revela el más reciente informe de Amnistía Internacional, “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, que documenta el asesinato de al menos 30 familiares de personas desaparecidas entre febrero de 2011 y mayo de 2025. De ese total, 16 eran mujeres: once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista.
El informe señala que estos crímenes no han sido hechos aislados: muchos ocurrieron en contextos directamente vinculados con las labores de búsqueda, tras denuncias de amenazas, descubrimiento de fosas clandestinas o señalamientos a autoridades por omisiones. El año más letal fue 2022, con seis asesinatos registrados. Las entidades con más casos son Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora.
Algunos asesinatos fueron precedidos por actos intimidatorios. En el caso de Rosario Zavala, por ejemplo, los agresores dejaron un mensaje amenazante junto a su cuerpo. En otros, como el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, la ejecución ocurrió luego de participar en actos de memoria, como una misa en honor a su hijo desaparecido.
Además de los asesinatos, la violencia contra mujeres buscadoras adopta múltiples formas. Según un cuestionario aplicado por Amnistía a 661 mujeres, el 97 % dijo haber sufrido alguna afectación directamente relacionada con su labor. Entre los impactos más comunes destacan la depresión (73 %), el insomnio (72 %), pérdida del apetito (67 %) y el deterioro de la salud física o mental (70 %).
De forma más alarmante, el 14 % reportó haber sido víctima de agresiones físicas, el 10% tortura y el 6 % secuestro. Las amenazas también son frecuentes: el 45 % ha recibido amenazas verbales o por escrito, y una de cada cuatro ha sido acosada por autoridades. Casi el 40 % fue víctima de extorsión por parte de personas que ofrecen información o la supuesta liberación del familiar desaparecido a cambio de dinero.
Pese a estos riesgos, solo el 17 % ha denunciado formalmente. Las razones: el temor a represalias, la desconfianza en las autoridades —a quienes muchas acusan de colusión con el crimen organizado— y la falta de mecanismos de protección.
El informe también alerta sobre las barreras que enfrentan mujeres indígenas y familias migrantes para acceder a la justicia. Las buscadoras extranjeras, por ejemplo, han señalado que no pueden ingresar a México para participar en diligencias o presentar denuncias por falta de una visa humanitaria.
Amnistía Internacional concluye que las autoridades mexicanas han replicado formas de violencia institucional contra quienes buscan a sus desaparecidos, y denuncia la falta de medidas efectivas para garantizar su seguridad.
Cuestionada esta mañana durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente a la situación de las mujeres buscadoras y aseguró que el gobierno mantiene canales de comunicación abiertos con los colectivos:
“Hay comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación. Tienen los colectivos las puertas abiertas. Se seguirá atendiendo si solicitan protección”, afirmó.
Frente a este panorama, Amnistía Internacional hizo un llamado enérgico al Estado mexicano para garantizar el derecho a la búsqueda sin discriminación ni represalias. Demandó, además, políticas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad, y el fin de la impunidad que protege tanto a quienes desaparecen como a quienes agreden a quienes los buscan.
“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
En un país con más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas, buscar no debería ser una sentencia de muerte.