En un avance significativo hacia la justicia alimentaria y la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ciudad de México presentó oficialmente su Registro de Deudores Alimentarios. Con esta acción, se convierte en la tercera entidad del país en implementarlo, después de Coahuila y Oaxaca.
"No debe haber impunidad cuando se trata de garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes", afirmó la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la plataforma.
El nuevo registro estará disponible a través del sitio web del Registro Civil de la Ciudad de México, mediante la plataforma digital “Deudores Alimentarios”. Cualquier persona podrá consultar si una mujer u hombre se encuentra inscrito, ingresando nombre completo y fecha de nacimiento.
Según lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes aparezcan en el registro no podrán acceder a cargos de representación popular, obtener pasaporte, salir del país ni realizar trámites notariales hasta regularizar su situación.
Brugada subrayó la importancia de visibilizar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una forma de romper con su normalización social:
"Cuando se mantiene al deudor alimentario en las sombras, se normaliza. Por eso es importante alzar la voz y condenarlo. Las obligaciones alimentarias no son opcionales; son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no se puede eludir (…) hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo”, expresó.
El listado será actualizado de manera periódica. Si una persona cumple con sus obligaciones alimentarias, será retirada del registro; sin embargo, en caso de reincidencia volverá a aparecer. Además, se podrá emitir un certificado de no inscripción en el registro, útil para trámites legales o administrativos donde sea necesario demostrar el cumplimiento de dichas responsabilidades.
Durante el anuncio, la mandataria reconoció el papel clave de organizaciones feministas, colectivas y activistas que impulsaron esta política pública, en particular a Diana Luz Vázquez Ruíz, víctima de violencia vicaria y promotora de la llamada “Ley Sabina”.
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