Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron recientemente para expresar su inconformidad ante las reformas aprobadas a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, las cuales —afirman— podrían limitar sus labores de búsqueda, sobre todo en las primeras horas tras la desaparición. La iniciativa ha sido señalada por algunos sectores de la oposición y la sociedad civil como una posible “ley espía”.
Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia matutina. Afirmó que las modificaciones legislativas buscan “dar más capacidades a las instituciones de seguridad para poder actuar de manera preventiva en las primeras horas del reporte de una persona desaparecida”, y rechazó categóricamente que impliquen algún tipo de vigilancia contra la población.
“Es falso, de toda falsedad, que en esas leyes haya alguna capacidad que le dé al Estado mexicano la facultad de vigilar a las personas”, aseguró la mandataria.
Sheinbaum también aseveró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo un diálogo amplio con colectivos de búsqueda antes de aprobarse las reformas. Según dijo, entre el 60 y 70 por ciento de los colectivos consultados estuvo de acuerdo con los cambios. No obstante, reconoció que “sí hay una parte que no estuvo de acuerdo, pero se sigue dialogando”.
Defensa de la libertad de expresión
La presidenta aprovechó el tema para reiterar su postura en defensa de la libertad de prensa y de expresión, aunque advirtió sobre la difusión de información falsa.
“Todo periodista y editorialista tiene toda la libertad de criticar al gobierno… aquí no hay censura. Solo que no mientan, porque decir mentiras va contra el derecho a la información, pero no es que lo vayamos a impedir”.
Sheinbaum recordó que la Constitución establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y subrayó que solo una orden judicial, en el marco de una investigación formal, podría permitir algún tipo de intervención, por lo que calificó como infundadas las acusaciones de espionaje.
Contexto de desconfianza
La reacción de los colectivos ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, particularmente ante la crisis de desapariciones que atraviesa el país, con más de 100 mil personas no localizadas de forma oficial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado que cualquier reforma legal debe contemplar el principio de participación activa de las familias y no obstaculizar las herramientas ciudadanas de búsqueda y denuncia.
Comentarios