La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la publicación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que refuerza los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México. Esta reforma, publicada el 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, representa un avance impulsado por el trabajo incansable de las familias, en su mayoría mujeres, que han exigido durante años verdad, justicia y garantías de no repetición.
En un comunicado, la CNDH subrayó que esta modificación al marco legal responde a las “exigencias legítimas” de los colectivos de búsqueda y es resultado del “diálogo, la escucha y la construcción colectiva con las familias”, quienes han visibilizado los vacíos y obstáculos del sistema actual. “Sabemos que solo mediante la atención real y cercana a las demandas de las familias—sean sanguíneas o sociales—podremos construir un servicio público verdaderamente comprometido”, afirmó el organismo.
Avances clave de la reforma
Entre los cambios más relevantes, destaca la creación de la Plataforma Única de Identidad, conectada a registros nacionales como el RENAPO y el Banco Nacional de Datos Forenses, que permitirá realizar búsquedas automáticas en tiempo real. La reforma también establece que la CURP biométrica será obligatoria, incorporando huellas dactilares y fotografía para facilitar la localización de personas desaparecidas.
Asimismo, se crea una Base Nacional de Carpetas de Investigación, donde deberán registrarse sin demora todos los reportes de desaparición, incluyendo datos fundamentales como nombre legal y social, número de carpeta, fecha y lugar del hecho, así como acciones de búsqueda.
En un país donde más de 114 mil personas continúan desaparecidas y donde muchas mujeres buscan solas a sus seres queridos, estas medidas apuntan a cerrar brechas de impunidad y burocracia. La reforma también reconoce formalmente la figura de la “familia social” y el uso del “nombre social”, lo cual es especialmente relevante para garantizar los derechos de personas LGBTIQ+ desaparecidas y sus redes afectivas.
Enfoque de derechos humanos y participación de las familias
La reforma establece nuevas obligaciones para autoridades forenses y periciales, incluyendo la realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas de oficio, cuyos resultados deberán integrarse al Banco Nacional de Datos Forenses en un máximo de 72 horas. Se refuerzan además las responsabilidades de fiscalías especializadas, autoridades estatales y municipales, y se reconoce la participación activa de las familias como una pieza fundamental en el proceso.
La CNDH destacó que se establecerán protocolos de seguridad para familiares buscadores, quienes enfrentan riesgos constantes en sus labores. También se incluyen sanciones para autoridades que omitan registrar o actuar frente a una desaparición.
Perspectiva de género: mujeres que buscan
Esta reforma responde a una realidad profundamente feminizada: en México, la mayoría de las personas que encabezan las búsquedas son madres, hermanas o esposas, quienes han convertido su dolor en motor de organización y exigencia. La CNDH reconoce que esta legislación es resultado de “años de lucha por la verdad y la justicia”, impulsados por estas mujeres que han confrontado al Estado para exigir su derecho a saber dónde están sus seres queridos.
“Reafirmamos que el trabajo con las y los familiares de personas desaparecidas y no localizadas no concluye con esta reforma”, puntualizó el organismo. La implementación efectiva de estos cambios, advirtió, exigirá vigilancia ciudadana, coordinación interinstitucional y voluntad política.
Una etapa clave para México
La Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación han sido señaladas por la CNDH como actores clave en este proceso, que forma parte de la agenda prioritaria del gobierno federal. Se espera que esta nueva legislación contribuya a enfrentar la crisis forense y de desapariciones con mayor eficacia, transparencia y sensibilidad hacia las víctimas.
En palabras del organismo defensor: “La participación de las familias seguirá siendo un pilar fundamental para avanzar hacia mecanismos de búsqueda más eficaces, transparentes y dignos”.
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