¿Qué está pasando en las escuelas de México? En las últimas semanas, dos casos —distintos en forma, pero similares en fondo— han puesto bajo la lupa la violencia y el abandono que viven estudiantes en los espacios educativos, y cómo las instituciones parecen más preocupadas por proteger su imagen que por garantizar un entorno seguro.
En Chiapas, una alumna de preparatoria aprovechó su ceremonia de graduación para denunciar públicamente el acoso sexual que ella y muchas de sus compañeras sufrieron durante años. En su discurso, evidenció cómo el sistema escolar protege a los profesores que abusan de su jerarquía para intimidar a adolescentes menores de edad, sintiéndose intocables por su posición de poder.
Semanas después, en Hidalgo, se viralizó un video en el que un estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) agrede físicamente a un profesor dentro del salón de clases. En el clip se escucha al joven —identificado como Manuel— reclamarle al docente por haberse burlado de él frente al grupo, antes de lanzarle varios puñetazos. El profesor, Ángel Ramírez Montiel, fue denunciado penalmente por el alumno; ambos se presentaron ante el Ministerio Público.
A raíz del incidente, el Sindicato de Trabajadores de la institución informó que inició un proceso legal en contra del estudiante. Sin embargo, compañeros de Manuel señalaron que él ya había interpuesto anteriormente una denuncia por violencia contra ese profesor, pero no fue atendida por las autoridades escolares.
En un comunicado colectivo, estudiantes de la UPT rechazaron que la universidad emprendiera acciones legales solo contra su compañero, mientras se minimizaban las constantes humillaciones y burlas que, aseguran, el docente dirigía a varios alumnos. Subrayaron que si bien no justifican la agresión física, exigen justicia e igualdad de condiciones, pues consideran que Manuel fue víctima de bullying.
El síntoma de un sistema que no escucha
Aunque estos dos casos parecen muy distintos —uno se expresa con palabras, otro con violencia—, ambos reflejan una misma falla estructural: la falta de mecanismos eficaces para denunciar y atender los abusos dentro de las escuelas y universidades.
Denunciar la violencia —sea física, verbal, psicológica o sexual— no debería convertirse en una causa para ser ignorada, revictimizada o sancionada. Sin embargo, el sistema educativo en México arrastra una cultura de silencio y complicidad institucional que, lejos de proteger al estudiantado, suele privilegiar a quienes ostentan el poder.
La joven que denunció en su discurso fue valiente, y su acto ha resonado justamente por haberse dado dentro de una ceremonia oficial. Manuel, por su parte, actuó de forma violenta, lo cual nunca debe ser normalizado. Pero su historia revela otra capa del problema: si realmente estaba siendo hostigado, ¿por qué su denuncia no fue escuchada a tiempo?, ¿por qué tuvo que llegar a ese punto?
Un sistema que castiga al que denuncia
Estas historias deben movernos a reflexionar: ¿cuántos abusos más permanecen ocultos porque nadie escucha a quienes los padecen? ¿Cuántas instituciones educativas prefieren proteger su reputación antes que garantizar un entorno libre de violencia? ¿Y qué mensaje se envía al alumnado cuando se penaliza más a quien denuncia que a quien agrede?
Es hora de que el sistema educativo deje de proteger agresores y comience a escuchar de verdad a sus estudiantes. Porque no se trata solo de impartir clases, sino de crear espacios donde todas y todos puedan aprender en libertad y sin miedo.
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